Por: Francisco Ulloa Enríquez
Hace 17 años, el primer
diputado afrodescendiente del Ecuador, Jaime Hurtado González, fue asesinado,
en la esquina de las calles Piedrahita y 6 de Diciembre, diagonal al Palacio
Legislativo. Aquel hecho ocurrió el 17 de febrero de 1999.
Los ecuatorianos seguimos reclamando y esperando que
los CRÍMENES POLÍTICOS en nuestro país no terminen en la
impunidad y que esta sea
la norma de
comportamiento.
Es necesario que se investigue y se
determine los responsables de todos los casos que nos han dejado un amargo
sabor en la boca a quienes creemos en la justicia. Mencionemos unos cuantos
crímenes ocurridos a través de la historia y de los cuales no se han sancionado
a todos los responsables; así tenemos los casos de: Antonio José de Sucre;
Francisco Hall, fundador del Partido Nacional, embrión del liberalismo
ecuatoriano; Eloy Alfaro y sus
tenientes; Julio Andrade; Milton Reyes; Rafael Brito Mendoza; Rosa Paredes;
Consuelo Benavides; Jorge Tinoco; Abdón Calderón Muñoz; Jaime Hurtado Gonzáles;
Arturo Jarrín; Jaime Roldós; José Tendetza; Fausto Valdiviezo; Jorge Gabela;
entre otros. Solo cuando todo se aclare, podremos afirmar que la historia no
tiene plazo para establecer la verdad total.
La frágil memoria que padecemos los pueblos, ha sido
la responsable de que seamos, de una u otra forma, cómplices de nuestra propia
tragedia como pueblos oprimidos.
Las nuevas generaciones deben saber las referencias
particulares de aquellos seres humanos que entregaron su vida en defensa de sus
ideales, de quienes imprimieron su sello personal en las luchas y anhelos
populares. Y, cuando se trata de rendirles un homenaje no es suficiente poner su
nombre a un aula universitaria, a un teatro, a una institución educativa, a una
calle de la ciudad; ese homenaje, para
que no se torne vacío y ajeno, debe llevarnos a profundizar y asociar la memoria colectiva con el conocimiento
cabal de sus acciones.
En el Ecuador de hoy, la inseguridad no viene
únicamente desde la delincuencia organizada o común. Lastimosamente, muchos de
quienes expresamos nuestro desacuerdo con el régimen de turno, las
organizaciones sociales, sindicales, de campesinos, de indígenas que también
exteriorizan su descontento con las políticas gubernamentales, los diferentes
gremios profesionales, especialmente los periodistas cuestionadores, somos
acosados, atacados, vilipendiados, perseguidos por una administración populista
que gracias a la ágil y viperina lengua del caudillo, diariamente busca imponer
a través del miedo sus posturas dogmáticas y sectarias que favorecen a una minoría
privilegiada.
En democracia, la seguridad ciudadana se construye
tendiendo amplios puentes de diálogo, no aporta en nada la violencia en sus
diversas formas, ya que esta genera resistencia y reacción que polarizan
posturas y dividen a los pueblos, más cuando en los organismos que tienen la
responsabilidad de administrar justicia son evidentes las inconformidades.
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