168 AÑOS DE UN MARZO INTENSO PARA COTOPAXI

Por. Francisco Ulloa Enríquez.
El 25 de febrero de 1851, la joven República del Ecuador aprobó su quinta constitución, habían transcurrido apenas 21 años desde su creación y la inestabilidad política marcaba la vida de nuestro país.
Entre las características más sobresalientes de la nueva Carta Magna constaron: el retorno a la unicameralidad del poder legislativo; la edad mínima que debían tener los diputados era de 30 años; para ser presidente de la República, el aspirante debía demostrar haber prestado servicios relevantes al país en el momento de su independencia y estar casado con una dama ecuatoriana; se declaró que el gobierno era republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable; se suprimió la figura del vicepresidente y el período presidencial era de 4 años; la reelección era permitida, pasado un período; la religión oficial, la católica; el derecho de ciudadano se alcanzaba cuando se poseía al menos una propiedad o se tenía una profesión, además era fundamental saber leer y escribir; se reconocía la nacionalidad para aquellos que habiendo nacido fuera del territorio nacional, pero eran hijos de padre y madre ecuatorianos por nacimiento; fue abolida la pena de muerte por delitos políticos y en los casos en que las leyes vigentes ordenaban dicha pena, se reemplazaba por destierro de hasta diez años; la unidad monetaria oficial era el real. Todavía se mantenía legal el esclavismo.
En este escenario, la Convención Nacional del Ecuador mediante Decreto Legislativo erigió la provincia de Cotopaxi, la cronología para hacer realidad este derecho político administrativo tuvo como fechas clave las siguientes:
El 26 de febrero de 1851, la Convención Nacional aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Decreto de creación de la provincia de Cotopaxi.
El 1° de marzo de 1851, la Convención Nacional aprobó, en segunda discusión, el Proyecto de Decreto de creación de la provincia de Cotopaxi.
El 6 de marzo de 1851, la Convención Nacional aprobó, en tercera discusión, el Proyecto de Decreto de creación de la provincia de Cotopaxi.
El 14 de marzo de 1851, la Comisión del Consejo de Estado, facultada por el numeral 1 del Art. 58 de la Constitución Política vigente, dio su dictamen y se opuso a la creación de la Provincia de Cotopaxi.
El 17 de marzo de 1851, el presidente de la República Diego Noboa acogió el pronunciamiento del Consejo de Estado que se opuso a la creación de la provincia de Cotopaxi y remitió a la Convención Nacional la objeción al proyecto de Decreto.
El 18 de marzo de 1851, la Convención Nacional por la voluntad de las dos terceras partes de sus miembros, insistió en el proyecto de Decreto que crea la provincia de Cotopaxi.
El 26 de marzo de 1851, Diego Noboa presidente del Ecuador, puso el Ejecútese al decreto de creación de la provincia de Cotopaxi. 
El 1 de abril de 1851, se publicó el Decreto No. 354, en el Periódico Oficial “El Nacional”, en donde consta en la página 7424, la creación de la provincia de Cotopaxi.
Es importante que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria histórica de los hechos trascendentes, que marcan el destino de nuestros pueblos.

EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD EN LATACUNGA

Por: Francisco Ulloa Enríquez

email: fulloa_e@yahoo.com

Uno de los problemas que más agobia a la ciudad de Latacunga es el incremento permanente del comercio informal, anteriormente El Salto y La Estación eran los sectores donde más se visibilizaba el caos, en la actualidad se ha extendido a todos los barrios urbanos, cada vez es más frecuente encontrar en semáforos, plazas y calles a comerciantes informales buscando vender cualquier cosa para ganarse la vida.

Súmese a esto el ejército de desempleados que día a día crece y parece para algunos que forman parte del paisaje deprimente de una ciudad donde sus autoridades carecen de iniciativas para abrir un gran abanico de oportunidades laborales.

La gran mayoría es gente sin formación académica y que a duras penas saben leer y escribir, según el último reporte del INEC, a nivel nacional, 2,7 millones de personas trabajan en la informalidad y, lamentablemente, en Latacunga se está sobre la media nacional.

Las personas que trabajan de esta manera están expuestas a altos riesgos por la inseguridad en la que tienen que vivir, la explotación laboral ha devenido en una especie de neoesclavismo, con muy pocas oportunidades de capacitación, ingresos irregulares, largas jornadas de trabajo, ausencia de beneficios laborales y la seguridad social es una utopía.

Las condiciones socioeconómicas del país y de Latacunga, una ciudad con altos índices de migración campesina, agravan un problema del cual los aspirantes a ocupar cargos edilicios en el Gobierno local no atinan a plantear propuestas que propicien soluciones reales e integrales a un fenómeno multicausal. Es así que se repite más de lo mismo: hablan de mano dura para combatir la informalidad, otros plantean construcción o remodelación de mercados y ferias.

Hasta ahora de ningún candidato he escuchado ni una sola idea sobre cómo hacer que ese ejército de informales se incorpore al mundo formal del trabajo. Es en torno a esa idea central sobre la que han de ocuparse, y para ello es necesario ofrecer incentivos a los trabajadores informales que se incorporen a programas bien estructurados de desarrollo laboral. Es así que se pudiera pensar en seguros de salud, acceso a programas de vivienda popular, regulaciones menos sancionadoras y más promotoras de bienes y servicios de calidad que motiven a apostar por la formalidad, líneas de crédito para asociaciones de comerciantes, la mejor forma de enfrentar la informalidad es ofreciendo capacitación para mejorar la competitividad.

Para un problema complejo, en el que confluyen factores económicos, laborales, de acceso al financiamiento, de condiciones de trabajo, administrativos e incluso de carácter socio cultural se requiere una propuesta integral de desarrollo humano, que consolide núcleos familiares, dinamice la organización con asociaciones de comerciantes y que eduque al consumidor.

EL CENTRO HISTÓRICO DE LATACUNGA

Por: Francisco Ulloa Enríquez

Email: fulloa_e@yahoo.com

Fue declarado patrimonio nacional y por tanto se encuentra protegido por las normativas que al respecto rigen en el país y que estan bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Patrimonio. Este organismo, con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar, efectuó el levantamiento patrimonial del centro histórico, el mismo que debería servir de base para la toma de decisiones respecto a las acciones de conservación, mantenimiento y salvaguarda de la infraestructura inventariada.

El GAD de Latacunga, mediante ordenanza,  estableció la constitución y el funcionamiento de una Comisión Permanente del Concejo encargada del Patrimonio y existe una dependencia administrativa que se supone debe brindar sustento técnico. Sin embargo, en los últimos veinte y cinco años y con más agresividad en el último quinquenio, la destrucción de bienes patrimoniales se da a vista y paciencia de las autoridades, incluso podemos afirmar que diferentes entidades gubernamentales y el propio GAD han efectuado intervenciones que atentan contra el patrimonio arquitectónico.

 Es imperativo mejorar la gestión patrimonial, es así que necesitamos de los aspirantes a las diferentes dignidades municipales pronunciamientos claros con sustento técnico y financiero, la demagogia no cabe en un ambito tan sensible como este.

A todos nos gustaría conocer por ejemplo cuáles son las propuestas sobre:

-       ¿Qué hacer con una Institucionalidad cultural descoordinada, con políticas aisladas, particulares, que no han establecido las relaciones hacia los ámbitos de desarrollo social, educativo, productivo, otros y, una desvinculación de los actores sociales de base?

-       ¿Cómo mejorar la rehabilitación del centro histórico, tomando en consideración que en los últimos años se han concentrado en la realización de construcciones y acciones ornamentales, sin potenciarlo como eje del desarrollo social, productivo y referente de la identidad cantonal?

-       ¿Cómo cambiar la voluntad política que no ejecuta acciones de descentralización previstas en el eje municipio, parroquias y barrios?

-       ¿Cómo mejorar la regulación del Centro Histórico, que no contempla ni impulsa acciones socio-culturales?

-       ¿Cómo mejorar el bajo nivel cívico, de compromiso con los destinos colectivos y el personalismo con que se asume la gestión de las instituciones culturales?

-       ¿Cómo cambiar el escaso financiamiento y la limitada incorporación del talento humano profesional dedicado a actividades culturales, que no cubre las necesidades de promoción, difusión e impulso de actividades culturales?

-       ¿Cómo enfrentar los problemas socio-culturales (deterioro y cambios de identidad) provenientes de los procesos migratorios, que hasta ahora no han sido evidenciados o enfrentados por las instituciones locales?

-       ¿Cómo mejorar la participación de la sociedad civil, que no ha logrado dinamizar el manejo del turismo patrimonial, competencia asumida por la Municipalidad?

-       ¿Cómo aprovechar la declaratoria de Patrimonio Cultural para generar acciones integradas al desarrollo urbano y rural?

-       ¿Cómo mejorar la oferta de varios servicios que pueden ser potenciados (bibliotecas, museos, salas de exposición, escenarios, etc.)?

-       ¿Cómo incorporar y estimular a creadores y estudiosos individuales, así como a los más diversos gestores culturales organizados?

-       ¿Cómo impulsar las manifestaciones de arte popular y colectivo especialmente en el medio rural y suburbano?

Si los aspirantes a un cargo de representación popular quieren tener credibilidad, necesitamos respuestas concretas, no demagogia ni generalidades.