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Por: Francisco Ulloa Enríquez
Los malos gobiernos son el verdadero y gran problema del sistema educativo en el Ecuador ya que la ausencia de políticas que guíen esta responsabilidad estatal acarrea como consecuencia una pésima gestión, incrementando las deficiencias, carencias e imperfecciones de un sector permanentemente relegado de las prioridades de los mandatarios.
El gobierno presidido por Lenín Moreno estaba llamado a corregir los errores e improvisaciones de la década correísta, que estuvo marcada por el cierre de establecimientos, persecución a maestros y estudiantes, destrucción de la autonomía universitaria, eliminación del principio de interculturalidad, entre otros. Sin embargo, esto no ha ocurrido, sino que las afectaciones son mayores ya que ahora se despide a maestros, se recortan sus salarios, se limita el presupuesto y se olvidan de que para garantizar el desarrollo del país es prioritaria la educación.
El Ministerio del ramo sigue siendo un botín de avivatos que han medrado de la educación para beneficio personal, cuesta recordar a algún ministro o ministra que haya dejado un legado que trascienda la temporalidad de una administración y siente bases sólidas para la formación de las nuevas generaciones.
La improvisación, el desconocimiento de las complejidades del quehacer educativo y la corrupción forman parte de esta cartera de Estado, que por las designaciones hechas por Moreno demuestra que poco o nada le importa la educación del pueblo, sin pena ni gloria han pasado por allí Fander Falconí, Marcelo Jaramillo, Milton Luna y ahora Monserrat Creamer.
Más de 4 millones quinientos mil estudiantes y unos 200 000 maestros en el país, distribuídos en 11 091 establecimientos, sufren las consecuencias de las erráticas decisiones las cuales emanan desde un ministerio que sumisamente acepta las afectaciones presupuestarias y laborales, sin estar ajeno al mal de la corrupción que parece formar parte de casi todas las esferas de un gobierno que, ciertamente, pasará a la historia como uno de los más nefastos en materia educativa.
El derecho constitucional a la educación no forma parte de las responsabilidades prioritarias del gobierno, esto se desprende del informe a la nación del Presidente, en el que trazó los ejes para su último año de mandato, y de las declaraciones y campañas gubernamentales en las que se desprestigia a los actores educativos y se trata con desprecio a la sagrada misión de los establecimientos educativos en los diferentes niveles.
Los causantes de una infraestrutura deficitaria, de una limitada conexión al internet, del mal manejo presupuestario, de las dificultades de acceso a la educación no son los maestros y su organización gremial como equivocadamente se pretende hacer creer. Los causantes de los males crónicos del sistema educativo ecuatoriano son los gobernantes que tienen miedo de educar al pueblo.
